La apertura de datos y la transparencia mejoran el servicio público, y esto afecta positivamente la vida cotidiana de las personas. Esta transparencia debe incluir nuevas formas de garantizar el acceso a la información, a través de una gestión más sistémica y estandarizada. Hay que adaptar o crear oficinas que sean capaces de gestionar uniformemente la recopilación, producción y publicación de información.[1]

Para fomentar un sistema judicial más transparente, eficiente e independiente, CIPPEC diseñó el Índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas, que analiza y evidencia el nivel de acceso a la información que garantizan los poderes judiciales provinciales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de CIPPEC

El grafico anterior refleja el pésimo performance del Noroeste Argentino en materia de transparencia, con la excepción de la provincia de Salta.

El acceso a la información pública permite a la sociedad conocer el funcionamiento del Estado. Este contacto con la sociedad tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, una ciudadanía informada puede ejercer funciones de control social. Por el otro, el manejo de los datos públicos permite una mayor comprensión y confianza en el accionar estatal en todos sus niveles.[2]

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que todos los poderes del Estado Nacional, así como diversos organismos públicos y privados deben garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública. La ley facilita el acceso a todos los ciudadanos a través de una plataforma digital y establece un órgano de aplicación independiente para cada poder del Estado Provincial.

Si bien un beneficio evidente de una ley de tal magnitud es el de garantizar el control de la gestión pública, el proyecto que proponemos desde Impulso Norte en términos de transparencia no sólo consiste en disminuir los niveles de corrupción de nuestro gobierno y nuestra administración pública. Transparencia significa para nosotros evitar que se oculte el mal desempeño de nuestros representantes, como así también lograr que sean visibles a la ciudadanía los logros concretos de los mismos.

Tal como lo plantea Ester Kaufman en su artículo Acceso a la información, datos abiertos y lucha contra la corrupción: conexiones sugeridas en el discurso oficial:

“consideramos que esta ley, largamente esperada, significa un gran avance. Quedan todavía muchas cuestiones a resolver para garantizar el acceso deseado, como suele suceder con normativas tan amplias en su organización y trabajosas en su implementación. Podemos listar algunas relevantes, posiblemente con la secuencia temporal que sigue. La primera de ellas en el tiempo es la instauración y funcionamiento efectivo de la agencia garante, ente autárquico y de autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; la segunda es la puesta en condiciones de los sujetos obligados a garantizar el acceso y su aceitada relación interinstitucional y con el órgano garante, lo que requiere modificar arquitecturas de coordinación y enlace, y la tercera es el establecimiento de metodologías, estándares, generación de competencias y construcción de consensos para una implementación homogénea.”

Para que la población construya sus opiniones sobre fuentes confiables deberemos esperar aún que avancen la gestión de la información al interior del Estado y las políticas comunicativas con lenguajes acordes con la diversidad ciudadana, para su real comprensión y utilización.

[1] Sandra Elena, Glenda Ecker: “Índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas (Edición 2015)”. CIPPEC

[2] Sandra Elena, Glenda Ecker: “Índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas (Edición 2015)”. CIPPEC