Tucumán Evalúa
En Argentina la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas depende de la voluntad de los funcionarios. Sin, y nuestra provincia no es ajena a esta problemática. Una política nacional de evaluación ordenadora de la función de monitoreo y evaluación de las acciones del Estado las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios, agencias de gobierno, provincias y municipios.[1]
Las instituciones de evaluación generan mayor conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas para permitir mejores decisiones; garantizan procesos transparentes de producción y difusión de información, contribuyendo a aumentar la transparencia; mejoran los mecanismos de rendición de cuentas, articulan y mejoran los esfuerzos de planificación y evaluación al interior de la Administración Pública.
De acuerdo con el estudio presentado por la Directora de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC, Natalia Aquilino, la Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función de monitoreo y evaluación de las acciones del Estado. Las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios, agencias de gobierno, provincias y municipios. Por eso, también es heterogénea la calidad de las intervenciones. Así, la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas se realiza a voluntad de los funcionarios.
Sin política, sin organismo rector y con un sistema débil, la Argentina queda relegada en un debate necesario sobre el impacto y la efectividad de las políticas públicas nacionales o provinciales. También reduce la capacidad de aprender sobre los resultados de las intervenciones estatales ya que no existen marcos y prácticas que faciliten y exigen la medición y el análisis sistemático de planes y programas.
Desde nuestro espacio en Impulso Norte queremos remarcar la importancia y la trascendencia que generaría la creación de un organismo provincial que se ocupe exclusivamente a la evaluación y monitoreo de las políticas publicas implementadas por el gobierno provincial y que impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos. Tal como lo plantea Natalia Aquilino en otro de sus documentos, la conformación de un sistema no se agota en la creación de una agencia u órgano responsable del monitoreo y evaluación. Para que este organismo tenga la capacidad necesaria de llevar a cabo sus funciones se requiere que su inserción institucional garantice cierto grado de independencia política, pero también que lo habilite a promover el uso de las evaluaciones como herramienta de gestión. Asimismo, es necesaria la existencia de reglas que definan responsabilidades, establezcan la obligación de evaluar y definan estándares de calidad; el desarrollo de una política de capacitación del personal orientada a formar evaluadores y/o gestores de las evaluaciones que puedan supervisar su realización en forma externa; y la definición de un mecanismo de financiamiento que garantice la autonomía y perdurabilidad del sistema y el compromiso por parte de los organismos o programas evaluados.[2]
[1] Natalia Aquilino para CIPPEC.
[2] ¿Todos los caminos conducen a Roma? Análisis comparado en la institucionalización de la evaluación. Natalia Aquilino, Mónica Ballesca, Fernanda Potenza, Jimena Rubio. CIPPEC. 2017.